Boric, la izquierda y su incapacidad de aceptar el orden | Columna en El Líbero

Si aún quedaban dudas sobre qué tipo de oposición será el Frente Amplio y el Partido Comunista en el próximo gobierno, las reacciones de esta semana las despejan por completo.

El lunes leíamos la entrevista del Presidente Boric en El País, donde reflexionaba –con un dejo de desconcierto– sobre el hecho de que la idea de orden esté asociada a la derecha. «El orden no tiene por qué ser de derecha», decía. «No logramos ser lo suficientemente creíbles», reconocía también. La izquierda, admitía, no ha logrado representar el deseo de orden de la ciudadanía.

La cuña todavía estaba tibia cuando, apenas días después, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos en el caso de Gustavo Gatica.

La reacción del Presidente y de los principales referentes del Frente Amplio y del Partido Comunista bordean lo distópico. Reinstalaron sin matices la idea de «impunidad», repitieron que a Gustavo Gatica «le sacaron los ojos» y afirmaron abiertamente que la jueza habría fallado por motivaciones políticas. Con ello, el gobierno y su coalición tropezaron una vez más con la misma piedra: cuando un fallo judicial no confirma su relato, no se lo discute, se lo deslegitima. No se interpela la prueba ni el razonamiento jurídico, sino la legitimidad del tribunal mismo, erosionando así –una vez más– la separación de poderes.

Aquí no está en juego una opinión sobre la gravedad de las lesiones sufridas por Gustavo Gatica –que son reales, trágicas y permanentes–, sino algo mucho más estructural, y es la incapacidad de la izquierda para aceptar que frente a violencia ilegítima, el Estado de derecho exige respuesta por parte de las fuerzas de orden y seguridad.

El acta de deliberación del tribunal es categórica en este punto. La sentencia distingue explícitamente entre manifestaciones pacíficas y aquellas de carácter violento y agresivo. Gustavo Gatica perteneció al segundo grupo. El tribunal da por acreditado que el día de los hechos «existía una agresión masiva, organizada y potencialmente letal», materializada mediante «el lanzamiento permanente de piedras de grueso calibre, bombas molotov, fuegos artificiales y el uso de estructuras metálicas robadas como parapetos móviles para avanzar y atacar». Más aún, el fallo establece que Gustavo Gatica se encontraba participando activamente de esa dinámica «lanzando objetos contundentes hacia los funcionarios» y que «al momento de resultar herido portaba una piedra en su mano derecha». Estos hechos no son interpretaciones políticas, sino hechos fijados judicialmente tras un juicio oral, con prueba rendida y contradictoria.

Frente a esto, la reacción del Presidente resulta políticamente reveladora. En Tolerancia Cero afirma que el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza e inmediatamente después califica la absolución como impunidad, desconociendo la consecuencia básica de ese principio y es que cuando la fuerza estatal se ejerce en un contexto de agresión grave y dentro de los márgenes legales, puede tener consecuencias trágicas sin que ello configure delito. Cuando una persona decide integrar una turba violenta que busca «alterar gravemente el orden público» y «doblegar a cualquier costo a las fuerzas de orden y seguridad», se asumen riesgos que luego no pueden ser reescritos como victimización pura y simple.

Pero hay un silencio aún más elocuente. Ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista han querido hacerse cargo del durísimo reproche que el tribunal formula a la Fiscalía. La jueza califica expresamente parte de la actuación del Ministerio Público como «subjetivas o exageradas», señalando que se presentaron con detalle los antecedentes incriminatorios, omitiendo aquellos favorables a la defensa. Si realmente les preocupara la impunidad o el sesgo político en el sistema de justicia, esta negligencia –encabezada por Ximena Chong– habría merecido al menos una palabra.

Y aquí aparece el problema de fondo. No se puede construir credibilidad en materia de orden público mientras se relativiza la violencia del estallido social, se justifica a posteriori la agresión organizada y se desacredita al Poder Judicial cuando no falla conforme a las expectativas políticas.

De todo esto, dos conclusiones se pueden extraer. La primera es que los únicos responsables de que la ciudadanía no crea que la izquierda representa un deseo genuino de orden son sus propios dirigentes, empezando por el Presidente. La segunda es que el próximo gobierno deberá prepararse no solo para nuevas manifestaciones –pacíficas y violentas–, sino para una oposición que, como ya quedó claro, no dudará en erosionar la legitimidad institucional y relativizar la violencia.