Cine porno y la falsa neutralidad del Estado | Columna en El Sur

En los últimos días volvió a surgir una pregunta elemental de la política pública y el rol del Estado. ¿Qué criterios deben primar para decidir qué debe (o no) financiar, promover o apoyar el Estado? y en particular, ¿es legítimo que el Estado haya entregado $64 millones para un festival de cine porno y explícito? ¿Cuáles son las razones que fundamentan la decisión?

Sus defensores argumentan su validez desde la independencia de los procesos concursables. No habría que ponderar el contenido mismo del proyecto, en tanto allí se genera espacio para la discriminación y la arbitrariedad. Por tanto, el Estado debería actuar con una máxima neutralidad, prescindiendo de valoraciones políticas o morales, de forma de garantizar el pluralismo en las expresiones artísticas y culturales. Ello explica, en parte, que las autoridades de gobierno se hayan escudado en que fue una decisión de un comité externo, basado en criterios técnicos del concurso.

La premisa anterior tiene un defecto evidente: un Estado despojado de cualquier valoración normativa es un simple aparataje tecnocrático imposibilitado de propender al bien común, su objetivo más primario y elemental. Por esto, en lugar de señalar que existió una mala utilización de recursos, lo medular es disputar la supuesta neutralidad del Estado, que en su versión extrema lleva a promover y financiar proyectos que atentan directamente contra el bienestar social.

Si lo que dice la ministra de las Culturas es cierto, entonces tenemos un problema de diseño institucional. Un comité técnico no debería reemplazar una labor que tiene, por definición, un fuerte componente político (basta recordar el dolor de cabeza que significó no poder echar atrás el alza de pasajes de $30 en 2019, decisión “técnica”). A la autoridad política le corresponde cautelar que las acciones de las reparticiones del Estado se ajusten a una dirección normativa general. La incorporación de atribuciones en ese ámbito, sin minusvalorar la opinión técnica que sí tiene mucho que decir, permitiría mejorar el accountability político que hoy queda en tierra de nadie. En una democracia liberal, esto limita la arbitrariedad y la discriminación, asegurando grados justos de pluralismo.

Adoptar esta visión permite, además, potenciar el desarrollo artístico y cultural que funciona en lógicas distintas a las del rendimiento económico. Los beneficios sociales inmateriales que produce el arte (cohesión social, identidad comunitaria, entre muchos otros) suelen ser invisibles ante la lupa de los agentes técnicos.

La producción pornográfica no sirve a ninguno de estos propósitos. No produce beneficios materiales ni inmateriales; no hay allí nada que rescatar ni promover. Por el contrario, es una industria que elimina la “alteridad” del otro para someterlo todo al consumo. Las reflexiones del filósofo surcoreano Byung Chul Han son particularmente reveladoras en ese sentido, exponiendo que la consolidación del capitalismo sin límites intensifica el progreso de lo pornográfico, en tanto todo lo considera como mercancía y lo exhibe. Debería ser de lectura obligatoria para todos los defensores de este “proyecto artístico” que reivindican su ejecución, sin reconocer que son parte de la misma lógica mercantil e individualista que suelen criticar.

Kevin Canales, director de formación en IdeaPaís