La democracia reducida a la forma | Columna en La Segunda

Las reacciones disímiles ante la captura de Nicolás Maduro han puesto en evidencia algo más profundo que una discrepancia coyuntural sobre política internacional. Revelan un modo de razonar cada vez más extendido que confunde los medios con los fines de la democracia: se privilegian principios, normas y procedimientos, olvidando que su finalidad última es el resguardo de la dignidad humana.

En el caso venezolano, la reacción crítica se ordena de forma reveladora. No comienza por la experiencia de millones de venezolanos sometidos a represión y exilio, ni por el fracaso de la arquitectura multilateral. Comienza por la forma. El énfasis no está en las personas, sino en la infracción de principios que, aun siendo valiosos y fruto de acuerdos internacionales, terminan operando como fines en sí mismos. Así, la democracia queda reducida a una formalidad procedimental, desconectada del propósito que le da sentido: proteger a personas concretas.

Conviene recordar que los principios invocados nacieron en la posguerra como instrumentos para proteger la dignidad humana frente a horrores concretos. Con el tiempo, sin embargo, han adquirido un estatus casi divino, como si fueran anteriores a toda decisión humana y externa a la política misma; una especie de iusnaturalismo despolitizado. El problema es que esta sacralización convive con una ineficacia patente: el derecho internacional es “claro” y, aún así, no ha impedido la guerra entre Rusia y Ucrania, ni el conflicto en Medio Oriente o Siria. La claridad normativa no se ha traducido en capacidad real de orientar o contener la acción política.

Pierre Manent ha descrito este fenómeno con lucidez. Según él, las democracias contemporáneas tienden a renunciar a la política y la deliberación. En lugar de decidir entre bienes en conflicto, nos refugiamos en reglas abstractas que alivian la carga del juicio. El resultado es una creciente impotencia política.

Nada de esto implica celebrar acríticamente la acción de Estados Unidos ni desconocer los riesgos evidentes que entraña el rol de Donald Trump, cuyos intereses y decisiones futuras exigen vigilancia y prudencia. Precisamente este escenario requiere más política, más juicio prudencial y más deliberación responsable, no menos.

Pero cuando el principio de soberanía y de no intervención se defiende con más vehemencia que la dignidad humana vulnerada durante años, algo se ha invertido en nuestras prioridades. Tal vez el desafío no sea elegir entre legalidad o derechos humanos, sino recuperar la capacidad de jerarquizar, deliberar y juzgar. Eso –y no el automatismo doctrinario– es lo que permite que la democracia vuelva a estar al servicio de la gente, y no de abstracciones que tranquilizan conciencias pero eluden responsabilidades.

Emilia García, directora de estudios en IdeaPaís.