Las instituciones no funcionan | Columna en El Tipógrafo

La condena del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, a 16 años de prisión efectiva; la inhabilitación para ejercer cargos públicos; y el pago millonario de multas por los delitos de cohecho, fraude al fisco, y lavado de activos, debe ser vista no sólo como un triunfo de la justicia, sino que también como un ejemplar proceso en donde todas las instituciones implicadas funcionaron.

El caso es relevante, primero, porque marca un importante precedente para la ciudad y una reflexión que debe ser analizada desde la ética pública: nuestra ciudad, nunca más, debe ser el foco y el centro de atención de hechos de corrupción. La función pública no admite espacio para favorecer el amiguismo, ni mucho menos normalizar prácticas como el cohecho y el soborno. Los daños causados no son sólo materiales, pues estas prácticas desvirtúan el espíritu de la vocación pública y de servicio, e impactan fuertemente en la desconfianza de la ciudadanía sobre las instituciones. Por este motivo, fue fundamental el rol fiscalizador que desarrolló el concejo municipal 2021-2025 ya que sin las señales de alerta que realizaron, probablemente, el caso no hubiera tomado la relevancia que tuvo.

En segundo lugar, el Ministerio Público llevó adelante una investigación seria, oportuna y profesional, en la que fue capaz de reunir todas las evidencias necesarias, y de asegurar un proceso con buenos resultados. Es positivo también, que a diferencia de otros casos de alto impacto público, en el caso de Godoy no hubo mayor protagonismo mediático del ente persecutor. Por último, y quizás lo más importante, es que en este caso no hubo espacio para la impunidad: los tribunales de justicia actuaron conforme al derecho, y no se puede reprochar ningún aspecto relacionado al veredicto y la condena.

En efecto, fue un caso investigativo donde primó la cordura y el Estado de Derecho, y debe servir como ejemplo sobre la importancia de cuidar las instituciones y de dejarlas funcionar autónomamente; y de reflexionar sobre la relevancia de tener personas capacitadas y comprometidas con el servicio público, en donde el centro sea el bien común, y no el bienestar personal de quien ejerce el poder.

Matías Riveros, director regional de IdeaPaís O’Higgins.