Procultura: Justos por pecadores | Columna en El Líbero
El caso ProCultura vuelve a tensionar el debate sobre cómo el Estado asigna y supervisa los recursos públicos destinados a organizaciones de la sociedad civil. Esto, en un contexto en que la colaboración público-privada se ha vuelto cada vez más relevante para enfrentar desafíos sociales complejos.
La decisión judicial de no decretar prisión preventiva contra Alberto Larraín, pese a la gravedad de las imputaciones por presunto fraude al Fisco, puede ser jurídicamente correcta y corresponde a los tribunales evaluarla. Sin embargo, desde una perspectiva institucional, no es neutra. Para la ciudadanía, el mensaje que se instala es el de investigaciones por montos millonarios, procesos extensos e incomprensibles, y una sensación persistente de que las responsabilidades se diluyen.
El efecto de estos episodios va mucho más allá de las personas imputadas. Se erosiona la confianza en todo un ecosistema que cumple un rol clave en la provisión de bienes públicos e innovación social. Cuando la transparencia es insuficiente y los estándares de rendición de cuentas no son claros ni homogéneos, el cuestionamiento se extiende injustamente a organizaciones que sí aportan valor social. Esto desincentiva la participación de donantes privados y aliados estratégicos, pagando justos por pecadores.
Como ha advertido el Centro de Políticas Públicas de la UC en su informe sobre organizaciones de la sociedad civil (2025), la fragmentación de los registros y la falta de información integrada debilitan la fiscalización efectiva y la confianza social. Fortalecer esa confianza exige reglas claras y consecuencias oportunas para los infractores. No hacerlo es un flaco favor para toda la sociedad civil y para una legítima colaboración público-privada que el país necesita con urgencia.
Daniela Guzmán, directora de desarrollo en IdeaPaís.